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Las resoluciones judiciales y sus efectos

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    Facultad de Derecho Proceso y procedimiento Escuela de Derecho- Viña del Mar Prof. Sophía Romero Rodríguez    L   o   s   a   c   t   o   s   p   r   o   c   e   s   a    l   e   s .   L   a   s   r   e   s   o    l   u   c   i   o   n   e   s   j   u    d   i   c   i   a    l   e   s 1 Las resoluciones judiciales y sus efectos *   1) Generalidades Las resoluciones judiciales son actos procesales del juez que tienen por finalidad emitir un pronunciamiento sobre los actos de petición formulados por las partes durante el  juicio, tanto de aquellos que tienen por objeto substanciar el procedimiento o resolver las cuestiones, principal(es) o accesorias, formuladas. En este sentido, las resoluciones judiciales son el instrumento específico que utilizan los tribunales de justicia para ejercer la potestad jurisdiccional, en el contexto del proceso  jurisdiccional. Sin perjuicio que estos actos normalmente emanan del tribunal  – unipersonal o colegiadamente-, también es posible que algunas resoluciones judiciales puedan ser dictadas por el secretario letrado del juzgado o tribunal, conforme el artículo 33 del CPC 1 . Así, el presente texto abordará las resoluciones judiciales desde la óptica de éstas como actos procesales, por lo que pondremos énfasis en el análisis de los requisitos comunes de las resoluciones judiciales en tanto actos procesales, y también, los requisitos específicos de este tipo de acto procesal y los de cada tipo de resolución judicial. Por último, abordaremos los efectos de las resoluciones judiciales. 2) Requisitos comunes de las resoluciones judiciales como actos procesales Como hemos tenido oportunidad de abordar en las clases anteriores, los requisitos de los actos procesales son la emisión de éstos como manifestación de voluntad exenta de vicios, ejecutados en tiempo, lugar hábil y en la forma prescrita por el legislador. *  El presente documento se ha preparado por la profesora del curso como material docente para parte de unidad sobre Actos procesales del curso Proceso y Procedimiento, dictado en la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de la U. Adolfo Ibáñez, año 2018 y actualizado para el año 2019. Las resoluciones judiciales y sus efectos por Sophía Romero Rodríguez se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Las ideas expresadas en el presente documento, pueden ser objeto de referencia siempre que se trate de fragmentos breves y su inclusión se realice a título de cita o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación, mencionando su fuente, título y autor, conforme el art. 71-B de la Ley Nº 17.336, de Propiedad Intelectual. Abreviaturas: AA Auto Acordado; CPRCh Constitución Política de la República de Chile; COT Código Orgánico de Tribunales; CPC Código de Procedimiento Civil; CPC Código Procesal Penal; CC Código Civil; LTE Ley Nº 20.886, sobre Tramitación Digital de Causas; CdelT Código del Trabajo.   1  Ver también el artículo 381 del COT, sobre el poder del secretario de dictar resoluciones de mero trámite.    Facultad de Derecho Proceso y procedimiento Escuela de Derecho- Viña del Mar Prof. Sophía Romero Rodríguez    L   o   s   a   c   t   o   s   p   r   o   c   e   s   a    l   e   s .   L   a   s   r   e   s   o    l   u   c   i   o   n   e   s   j   u    d   i   c   i   a    l   e   s 2 (2.1) Acto exento de vicios. En relación con la voluntad exenta de vicios, lo primero que se debe señalar es que la sentencia judicial no es un acto de voluntad, sino el ejercicio de una potestad pública que, planteados los presupuestos de ejercicio de la función jurisdiccional, debe ser ejercida por el sujeto habilitado  – entre nosotros, por el principio de inexcusabilidad, art. 76 inciso 2º de la CPRCh; art. 10 inciso 2º del COT-. Incluso, si aceptamos que la actividad judicial es más o menos discrecional, es posible sostener que las resoluciones judiciales por el deber de motivación al que está sujeto el juez que las dicta (art. 19, Nº 3  – tutela judicial efectiva y debido proceso-), es igualmente un acto público que debe estar sustentado racionalmente y no ser la manifestación de un mero capricho o arbitrariedad 2 . En tanto acto público, éste debe estar sujeto a la normativa sustantiva y procesal vigente, pudiendo en caso contrario, declararse la nulidad de dicho acto, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la CPRCh y el art. 84 inciso final del CPC. Los instrumentos para la declaración de nulidad del acto, son múltiples, y tendremos oportunidad de abordarlos cuando tratemos la ineficacia de los actos procesales 3 . Nuestro ordenamiento jurídico, en los artículos 76, inciso segundo de la CPRCh; 10, inciso 2º del COT y 170 Nº 5 del CPC, permiten en el evento que no exista norma legal, fundar el fallo judicial aludiendo a los principios generales del derecho y en la equidad natural, lo que tampoco sería contrario a derecho siempre que se efectúe bajo ese supuesto. (2.2) Acto ejecutado en tiempo hábil. El artículo 319 del COT previene que los jueces están obligados a despachar los asuntos sometidos a su conocimiento en los plazos que fija la ley o con toda la brevedad que las actuaciones de su ministerio les permitan, guardando en este despacho el orden de 2  Sobre esta cuestión, véase S EGURA O RTEGA , Manuel (2006) Sentido y límites de la discrecionalidad judicial  , Madrid: Ramón Areces, pp. 75-92. 3  Sin embargo, cabe mencionar que la declaración de nulidad debe generarse mediante los instrumentos procesales que se puedan ejercitar mientras el proceso está pendiente, aunque han existido algunos casos en donde dicho límite se ha soslayado en consideración a la aplicación del concepto de presupuestos procesales. Al respecto véase Novoa Chevesich, Eugenio y otro con Servicio de Impuestos Internos , 24 de mayo de 2000, Corte de Apelaciones de Santiago, recurso de apelación incidente, c. 3 y 8, RDJ , T. XCVII, Nº2, parte segunda, sección segunda, pp. 17 y 18. En la doctrina, se pueden revisar los trabajos de R OMERO S EGUEL , Alejandro (2001) “El control de oficio de los presupuestos procesales y la cosa juzgada aparente”, Revista Chilena de Derecho , vol. 28, Nº 4, pp. 785-787, quien critica este fallo por estimar que el control de estas cuestiones correspondería a las partes, dada la aplicación del principio dispositivo en materia civil lo que consideramos un error; G ANDULFO R AMÍREZ , Eduardo (2011) “Pres upuestos procesales y su decaimiento en los juicios personalísimos. La capacidad procesal en el caso Quezada Arias con Farías Lauri”, Revista de Derecho, U. Católica del Norte , año 18, Nº 1, pp. 283-291, quien aporta elementos de análisis sobre el concepto de presupuesto procesal, comentando un fallo que discurre sobre el mismo tópico.    Facultad de Derecho Proceso y procedimiento Escuela de Derecho- Viña del Mar Prof. Sophía Romero Rodríguez    L   o   s   a   c   t   o   s   p   r   o   c   e   s   a    l   e   s .   L   a   s   r   e   s   o    l   u   c   i   o   n   e   s   j   u    d   i   c   i   a    l   e   s 3 la antigüedad de los asuntos, salvo cuando motivos graves y urgentes exijan que dicho orden se altere. Recordemos que el artículo 66 del CPC señala que son horas hábiles las que medien entre las 08:00 y las 20:00 horas, por lo que las resoluciones deben ser expedidas en dicho horario. Sin embargo, el art. 8 del acta 85-2019, que contiene el texto refundido del auto acordado para la aplicación en el Poder Judicial de la ley N° 20.886, que establece la tramitación digital de los procedimientos judiciales, establece en su inciso 2º que excepcionalmente la firma electrónica avanzada de las resoluciones se podrá efectuar fuera de dicho horario. Por otro lado, los plazos que la ley confiere al juez para dictar una resolución judicial no son fatales, conforme una interpretación a contrario sensu  del artículo 64 del CPC. Ello, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias de que pueda ser objeto por infracción a sus deberes funcionarios 4 . Como tendremos oportunidad de analizar sobre los requisitos comunes a toda resolución judicial, el legislador no ha exigido que se indique la hora en que ésta se ha dictado, bastando en este sentido la referencia a la fecha de expedición de ésta, la que deberá ser en día hábil, conforme el artículo 169 del CPC. (2.3) Actos ejecutados en lugar hábil. En este sentido, las resoluciones judiciales no difieren de la regla general de los actos procesales, esto es, que deberán dictarse en las dependencias del tribunal y dentro del territorio jurisdiccional del órgano, introduciéndose en la carpeta electrónica o expediente que contiene el procedimiento tramitado (art. 70 y 29 del CPC). Cabe recordar que dentro de las obligaciones funcionarias de los jueces se encuentra el denominado “deber de asistencia”, que contempla la obligación del juez de asistir todos los días a la sala de su despacho, y a permanecer en ella desempeñando sus funciones durante cuatro horas como mínimo cuando el despacho de causas estuviere al corriente, y de cinco horas cuando estuviere con retardo (art. 312 del COT). Evidentemente, el objeto de esta obligación es dictar resoluciones y cumplir otras funciones que tiene a su cargo, dependiendo del tipo de tribunal de que se trate. Recordemos, que es posible que algunas diligencias del procedimiento se puedan desarrollar ante un tribunal delegado, en virtud de un exhorto. En estos casos, el tribunal exhortado será competente para dictar en la causa las resoluciones que digan relación con el cumplimiento de las diligencias que el tribunal exhortante le haya encargado. Normalmente, se tratará de resoluciones de mera tramitación, eventualmente de la resolución de incidencias. 4  Este es otro argumento para sostener que la actividad que despliegan los árbitros no es ejercicio de  jurisdicción, ya que éstos, una vez expirado el término en que deben dar cumplimiento al compromiso  – máximo de 2 años conforme el art. 235, inciso 3º del COT-, no podrán dictar laudo arbitral.    Facultad de Derecho Proceso y procedimiento Escuela de Derecho- Viña del Mar Prof. Sophía Romero Rodríguez    L   o   s   a   c   t   o   s   p   r   o   c   e   s   a    l   e   s .   L   a   s   r   e   s   o    l   u   c   i   o   n   e   s   j   u    d   i   c   i   a    l   e   s 4 (2.4) Ejecutados en la forma prescrita por el legislador. Las resoluciones judiciales deberán ser extendidas en idioma español, y por regla general, de forma escrita. En los procedimientos regidos por la oralidad, las resoluciones de mera substanciación y las que resuelvan incidentes que se promuevan en la misma audiencia, se dictarán de forma oral en el mismo momento. Para efectos de registro de la actuación, existen sistemas de audio y transcripción íntegra o resumida de las resoluciones. Excepcionalmente, en materia laboral en los procedimientos monitorios, el juez debe dictar sentencia definitiva de forma oral al final de la audiencia respectiva. (art. 501 del CdelT). 3) Requisitos comunes a todas resoluciones judiciales El artículo 169 del CPC establece que todas las resoluciones judiciales, deberán contener: - En letras la fecha y el lugar en donde se dicte. - Deberá llevar al pie la firma o firmas electrónicas avanzadas del juez o los jueces que la hayan dictado (art. 4 de la LTE). Las resoluciones judiciales que se dicten en procedimientos no regidos por la LTE, deberán, además, ser autorizadas por el ministro de fe del tribunal  – secretario letrado o jefe de la Unidad de Causas del tribunal, art. 372 COT-. 4) Tipos de resoluciones judiciales El artículo 158 del CPC, establece cuatro tipos de resoluciones judiciales en nuestro ordenamiento jurídico: las sentencias definitivas, las sentencias interlocutorias, los autos y los decretos, providencias o proveídos. La misma disposición define cada tipo de resolución. (4.1) La sentencia definitiva a) Concepto. La sentencia definitiva es la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto objeto del juicio. Así, para calificar una resolución de definitiva, ésta debe reunir copulativamente ambas condiciones. Por tanto, no es aconsejable dejarse guiar para calificar una resolución, exclusivamente, al momento en que se dicta, ya que es perfectamente posible que en la oportunidad en que normalmente se dicte una sentencia definitiva, se termine dictando una interlocutoria o un auto (por ejemplo, que el tribunal se declare incompetente o que acoja la litispendencia alegada, si es que el tribunal ha dejado la decisión de alguna de estas incidencias, para definitiva).    Facultad de Derecho Proceso y procedimiento Escuela de Derecho- Viña del Mar Prof. Sophía Romero Rodríguez    L   o   s   a   c   t   o   s   p   r   o   c   e   s   a    l   e   s .   L   a   s   r   e   s   o    l   u   c   i   o   n   e   s   j   u    d   i   c   i   a    l   e   s 5 Casarino define instancia como cada uno de los grados de conocimiento y fallo que tiene un asunto, tanto en los aspectos de hecho como de Derecho 5 . Así, la intervención de un tribunal inferior en un asunto normalmente constituirá una instancia, ya que el órgano  judicial podrá pronunciarse respecto del objeto del juicio, considerando los fundamentos de hecho y de Derecho que fueron introducidos por las partes y que fueron discutidos. En cambio, no habrá siempre una segunda instancia en el contexto de la intervención de un tribunal superior, ya que dependiendo del tipo de recurso judicial que se interponga respecto de la resolución dictada, el tribunal superior podrá analizar sólo aspectos de Derecho, ya no de hecho (recursos de casación o nulidad). Así una sentencia será definitiva cuando ponga fin o término a la instancia, esto es, que en esa misma sede judicial ya no sea posible discutir sobre la cuestión principal promovida, salvo sobre incidentes o la ejecución de esa resolución. El segundo requisito que debe satisfacer una resolución para ser considerada como definitiva es que resuelva el asunto objeto del juicio. En otras palabras, que el tribunal se pronuncie sobre la cuestión o “conflicto” sometido a su decisión. En este sentido, por ejemplo, si el tribunal determina que es incompetente para conocer del juicio o determina que existe otro juicio idéntico pendiente  – litispendencia-, no está resolviendo la pretensión del actor y las eventuales defensas o excepciones promovidas por el demandado, sólo está decidiendo que se debe abstener de hacerlo porque existe otro órgano que es competente  – declaración de incompetencia-; o porque estando sometida la cuestión a otro órgano  judicial, él ya no puede pronunciarse por aplicación de la regla general de prevención en materia de competencia, conforme art. 112 COT. Anexo 1. Sentencias absolutorias de la instancia. Las sentencias absolutorias de la instancia están definidas como aquellas que dejan imprejuzgada la cuestión litigiosa por falta de presupuestos y requisitos procesales 6 . Así, ¿estas sentencias son definitivas o no? La duda surge porque estas sentencias no resuelven el objeto del juicio realmente, sino que se pronuncian respecto de elementos de carácter procesal material, que no pueden ser controlados previamente como presupuestos procesales. La respuesta a esta pregunta está dada por la falta de juzgamiento sobre la relación sometida a juicio. Así, es posible responder negativamente a la pregunta. Las sentencias absolutorias de la instancia no son sentencias definitivas, sino que normalmente serán interlocutorias. b) Requisitos. El artículo 161 del CPC, establece que, en los tribunales unipersonales, el juez examinará por sí mismo los autos para dictar resolución. Según el artículo 170 del CPC, además de los requisitos comunes a los que ya hemos aludido, las sentencias definitivas de 5  Véase Cápsula Educativa. Poder Judicial  6  R EAL A CADEMIA E SPAÑOLA ;   C ONSEJO G ENERAL DEL P ODER J UDICIAL  (2017) Diccionario del español jurídico , voz ‘sentencia absolutoria de la instancia’, Santiago Muñoz Machado (dir.), Madrid, Espasa, p. 1503.  
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